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Una captura de un video del 29 de agosto de 2019, muestra a el excomandante Iván Márquez y al guerrillero prófugo Jesús Santrich (con gafas), en una ubicación desconocida en Colombia, anunciando que iban a tomar armas de nuevo bajo el nombre de la Segunda Marquetalia. Foto de varias fuentes / AFP via Getty Images.
Publicado en colaboración con Intercept Brasil.
Cuando la administración de Trump lanzó su operativo de bombardeos en enero, para apresar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, lo acusaron formalmente de traficar drogas con la intención de enriquecer a siete organizaciones designadas por los Estados Unidos como terroristas, incluyendo el Cártel de Sinaloa de México, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, y un grupo insurgente poco conocido: la Segunda Marquetalia.
Pero la Segunda Marquetalia, un grupo de militantes colombianos con base en la frontera con Venezuela, tiene una historia única: fue creada gracias a un operativo del gobierno estadounidense.
Fundada en 2019 por ex-líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Segunda Marquetalia surgió tras un operativo encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del gobierno estadounidense, que descarriló el proceso de paz colombiano, empujando un negociador clave de las FARC hacia el negocio de narcotráfico y de regreso a la selva, y finalmente a los brazos del gobierno venezolano.
En una maniobra similar a las desastrosas políticas estadounidenses en Latinoamérica durante décadas, las acciones de la Segunda Marquetalia se utilizaron, en parte, para justificar la incursión de militares estadounidenses en Caracas en enero de éste año. El operativo dejó al menos 47 venezolanos y 32 cubanos muertos —miembros del equipo de seguridad del presidente— y culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El expresidente venezolano se encuentra en una prisión federal en Brooklyn, a la espera de un proceso judicial en una corte federal en Manhattan.
Durante el último año, la administración de Trump ha llevado a cabo agresivos operativos antinarcóticos con fines políticos, intensificando la guerra contra el narcotráfico mediante la participación de las fuerzas armadas estadounidenses. Al designar a varios grupos criminales como organizaciones “terroristas”, el gobierno ha justificado ataques militares contra pequeñas embarcaciones supuestamente utilizadas para el tráfico de drogas, utilizando la seguridad nacional como argumento para ejecutar lo que, en esencia, constituyen ejecuciones extrajudiciales en el mar. Al menos 190 personas han muerto en esos ataques, incluyendo pescadores que aparentemente no estaban involucrados en actividades de narcotráfico.
El gobierno de Trump también ha utilizado acusaciones de narcotráfico para atacar a adversarios políticos como Maduro. En marzo, el New York Times reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba investigando al presidente colombiano Gustavo Petro, quien mantiene una relación compleja con el gobierno de Trump, por supuestos vínculos con el narcotráfico. En octubre pasado, el gobierno estadounidense sancionó a Petro, a su esposa, a su hijo, y al Ministro del Interior por “inundar a Estados Unidos y envenenar a los estadounidenses” con cocaína colombiana, según el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y ha rehusado detener esta actividad”, agregó Bessent.
La historia de cómo una batalla oportunista, en la extensa guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos, dio origen a la Segunda Marquetalia nunca se ha contado por completo. Sin embargo, una investigación de Drop Site e Intercept Brasil revela cómo un operativo encubierto de la DEA tuvo como blanco a un líder de las FARC y negociador de paz, conocido como Jesús Santrich.
Santrich había firmado los Acuerdos de Paz, accediendo a bajar las armas y convertirse en congresista colombiano. Pero cuando Estados Unidos solicitó su extradición, a pesar de la fragilidad del acuerdo de paz colombiano, Santrich abandonó la vida civil y lanzó la Segunda Marquetalia.
“Este caso creó la Segunda Marquetalia”, dijo Elizabeth Dickinson, directora de programas para Latinoamérica y el Caribe de la organización International Crisis Group.
El caso de Santrich ejemplifica la estrategia del Departamento de Justicia de crear casos antinarcóticos de alto perfil, pese a las graves consecuencias políticas que estos puedan generar en otros países. El motivo del operativo de la DEA para arrestar a Santrich no está del todo claro, pero algunos colombianos han acusado a Estados Unidos de chauvinismo e injerencia política en el caso.
Nuestra investigación se basa en cientos de páginas de expedientes judiciales y policiales estadounidenses; un informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, un organismo creado como parte del proceso de paz para investigar violaciones de derechos humanos; una denuncia judicial colombiana; una investigación de las Naciones Unidas; documentos de extradición colombianos; y múltiples entrevistas con uno de los coacusados de Santrich, Armando Gómez, quien fue objeto de la operación encubierta y que recientemente cumplió una condena de diez años en una prisión federal de Atlanta.
El Departamento de Justicia no quiso comentar sobre esta investigación. El Departamento de Estado derivó todas las preguntas a la DEA, que no respondió a nuestra solicitud.
Entre los hallazgos de la investigación de Drop Site e Intercept Brasil se encuentran los siguientes:
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Las negociaciones para traficar cocaína, que llevaron al arresto de Santrich, fueron iniciadas por un informante de la DEA que llevaba años trabajando para la agencia. Sus acciones fueron dirigidas por agentes especiales en Miami y Bogotá.
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Todo el dinero involucrado en el supuesto negocio de drogas, incluídos millones de dólares en billetes falsos, fue proporcionado por el gobierno estadounidense. Los cinco kilos de cocaína intercambiados durante el operativo fueron proporcionados por un individuo con vínculos muy limitados con las FARC, y que ahora es un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Santrich solo estuvo involucrado de manera tangencial en éste acuerdo de drogas, después de que los informantes de la DEA lo presionaran para realizar una reunión. Santrich fue un blanco del operativo a pesar de haber participado únicamente en dos reuniones durante los nueve meses que duró el operativo encubierto. Ambas reuniones se realizaron después de que la cocaína ya había sido intercambiada.
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Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Estado se negó, repetidamente, a cooperar con tribunales de la justicia colombiana. Estados Unidos rechazó las solicitudes de Colombia para entregar evidencia más sólida contra Santrich, con el fin de que los tribunales pudieran determinar si él podía ser extraditado legalmente a Estados Unidos.
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El operativo debilitó a los acuerdos de paz, contribuyó a la creación de la Segunda Marquetalia, y dio lugar a una investigación de las Naciones Unidas. La investigación de la ONU concluyó que el operativo pudo haber sido dirigido por un “agente provocador,” aunque la organización no lo identificó explícitamente como informante de la DEA.
Una captura de un video grabado de forma clandestina, mostrando a Armando Gómez y la mochila marrón con cocaína usada en la operación de la DEA. De un documento para una sentencia, de parte del Departamento de Justicia del 6 de enero de 2023.
Conexión cocaína
La historia del origen de la Segunda Marquetalia se remonta a noviembre de 2017, cuando un representante de un cártel mexicano se sentó tranquilamente en el lobby de un hotel en Bogotá, esperando una entrega de cocaína.
El mexicano, un hombre carismático conocido entre sus socios como Marco Aurelio García Weinberg, tenía unos cuarenta y cinco años. Estaba bien afeitado y lucía el cabello corto. Durante varios meses, él y un socio — ambos afirmaban ser representantes del Cártel de Sinaloa de México — habían estado negociando con un grupo de colombianos, un acuerdo para traficar una cantidad masiva de cocaína. Ese día, Marco estaba a punto de recibir una muestra de cinco kilogramos de lo que los colombianos habían prometido era, la cocaína “más pura”, según consta en documentos del Departamento de Justicia. Si la calidad resultaba ser la esperada y su transporte hacia los EE.UU. se realizaba con éxito, los traficantes mexicanos continuarían negociando un acuerdo multimillonario de cocaína. Estaban a solo unos pasos de traficar 10.000 kilogramos hacia Norteamérica y Europa.
Las puertas automáticas de cristal del hotel se abrieron y Armando Gómez entró con paso vacilante en el vestíbulo. El empresario colombiano, de 1,70 metros de estatura y 69 años de edad, llevaba gafas, una corbata amarilla y una chaqueta de traje azul marino. De su hombro colgaba una mochila marrón repleta de cocaína.
“Llegué, entré al hotel y lo vi sentado en un sillón,” relató Gómez a Drop Site News e Intercept Brasil en una serie de entrevistas concedidas desde la FCI Atlanta, la prisión federal de baja seguridad donde permaneció detenido hasta su liberación en abril. Se acercó a Marco y dejó la mochila en el suelo, frente a él. “Le dije: ‘Hola, aquí tienes, no hay problema,’ y me fui. Tenía otras reuniones a las que asistir.”
Marco llevó la bolsa a una habitación del hotel y examinó la mercancía. Satisfechos, él y su socio del cartel llamaron a Gómez y a otros dos empresarios colombianos para comunicarles que deseaban seguir adelante con el negocio de 10 toneladas, valorado en 15 millones de dólares. Sin embargo, los mexicanos impusieron una condición: querían contar con la “bendición” de Santrich —el exlíder de las FARC— antes de proceder.
Era un momento delicado para que un excomandante como Santrich se viera involucrado en el narcotráfico. Estaba a punto de incursionar en la política convencional y, cuando él y su aliado más cercano —Luciano Marín Arango, más conocido por su nombre de guerra Iván Márquez— firmaron los acuerdos de paz de Colombia en 2016, se habían comprometido a abstenerse de cualquier actividad delictiva.
No obstante, al día siguiente, los mexicanos lograron concertar una reunión presencial con Santrich. El ideólogo de las FARC —un hombre de mediana edad y con discapacidad visual— les dio luz verde para seguir adelante con el negocio de la cocaína, pero les aclaró que no podía involucrarse personalmente debido al papel que desempeñaba en el proceso de paz; así consta en un documento del Departamento de Justicia.
Lo que Santrich desconocía, sin embargo, era que los dos hombres mexicanos eran, en realidad, informantes encubiertos de la DEA. Dichos informantes —que formaban parte de una operación encubierta binacional— grababan en secreto sus reuniones presenciales, mientras que la Fiscalía General de la Nación de Colombia —dirigida en aquel entonces por Néstor Humberto Martínez, un aliado de Estados Unidos— había intervenido las líneas telefónicas de algunos de los colombianos.
“Todo apunta a algún tipo de entrampamiento,” afirmó Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Si ya te sientes sumamente paranoico, respecto a si el gobierno respetaría o no su estatus de exguerrillero desmovilizado, [el operativo] habría sido, sin duda, la gota que derramó el vaso, llevándolo a volver a tomar las armas.”
Las diez toneladas de cocaína nunca se materializaron. Pero la muestra de cinco kilos obtenida en el hotel y las horas de conversaciones grabadas bastaron para lograr una acusación formal federal que imputaba a Santrich, a Gómez, a otros dos colombianos y a un ciudadano estadounidense el delito de conspiración para traficar esa enorme partida de cocaína. En abril de 2018, las autoridades colombianas detuvieron a Santrich y a los demás sospechosos colombianos.
El Departamento de Justicia de Trump elogió a la DEA y agradeció públicamente a la Fiscalía General de Colombia su ardua labor en esta “importante operación policial.” En Colombia, la noticia de la detención de Santrich acaparó las portadas de todos los periódicos y las pantallas de televisión. Las acusaciones contra el—por entonces— futuro congresista no hicieron más que confirmar la histeria de la derecha en torno al acuerdo de paz: los miembros de las FARC eran criminales en los que no se podía confiar. El conflicto de larga data, la intervención de Estados Unidos en la región y la guerra contra las drogas debían continuar.
Oficiales antinarcóticos hacen volar un laboratorio para procesar cocaína, incautado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Puerto Concordia, en el departamento de Meta, Colombia, el 25 de enero de 2021. Photo de GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images.
La Violencia
En 1948, antes de que existieran las FARC, el conflicto entre los partidos políticos Liberal y Conservador de Colombia sumió al país en la violencia. En medio de la guerra civil, surgieron en las zonas rurales fuerzas guerrilleras y de autodefensa campesina para combatir a los grupos de derecha. Este periodo, conocido como “La Violencia,” concluyó 10 años después; sin embargo, los grupos guerrilleros de izquierda —inspirados en parte por la Revolución Cubana— continuaron su lucha, estableciendo un pequeño enclave autónomo en el suroeste de Colombia al que denominaron la República de Marquetalia. Posteriormente, el ejército colombiano invadió la región, dando inicio a un periodo de represión anticomunista.
Las FARC, fundadas en 1964 a partir de los remanentes de este conflicto, impulsaron un programa de reforma agraria destinado a las empobrecidas zonas rurales. Durante cinco décadas, las fuerzas militares colombianas —respaldadas por Estados Unidos— y los grupos paramilitares de derecha libraron una batalla contra diversas guerrillas de izquierda, incluidas las FARC. Más de 200.000 colombianos perdieron la vida y más de 10 millones fueron desplazados.
Seuxis Paucias Hernández Solarte se unió a las FARC siendo joven, en 1991, tras haber dedicado años a la organización estudiantil y al activismo político de izquierda; con el tiempo, ascendió hasta convertirse en miembro de su alto mando central. Adoptó el nombre de guerra “Jesús Santrich” en honor a un amigo suyo —un líder estudiantil— que había sido asesinado por agentes del Estado. Este guerrillero, quien siempre portaba gafas de sol y un kufiya, se convirtió en uno de los líderes más visibles de las FARC, pronunciando discursos encendidos, declarando su lealtad a los líderes de Venezuela y Cuba y, según se informa, encabezando las campañas de propaganda de la organización.
A lo largo del siglo XX, el gobierno colombiano—con el respaldo de Estados Unidos— intensificó asimismo su lucha contra el narcotráfico de cocaína. En la década de 1990, Colombia y Estados Unidos emprendieron el desmantelamiento de los principales cárteles y grupos criminales que controlaban el comercio de cocaína; las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares de derecha se apresuraron a ocupar el vacío de poder resultante. La mayor parte de la cocaína que circula en el mundo proviene de Colombia, y las FARC fueron responsables del tráfico de grandes cantidades de esta sustancia. Los diversos grupos militantes del país se asociaron con organizaciones criminales de todo el mundo—incluidos los cárteles mexicanos— para vender drogas, utilizando las ganancias para financiar su lucha política. En 1997, el gobierno de Estados Unidos designó a las FARC como una organización terrorista extranjera.
Dos años más tarde, Estados Unidos y Colombia pusieron en marcha un acuerdo de seguridad conocido como el Plan Colombia, cuyo objetivo era erradicar el narcotráfico y la violencia en el país. Esta colaboración se intensificó drásticamente durante la “guerra contra el terror,” momento en el que el gobierno estadounidense proporcionó mayores fondos a las fuerzas de seguridad colombianas, las cuales posteriormente fueron acusadas de cometer crímenes de guerra. Washington también intensificó las operaciones encubiertas de la CIA y la NSA para dar caza en secreto a los rebeldes de izquierda.
Sin embargo, el Plan Colombia no hizo más que avivar el conflicto colombiano. Tras su elección en 2002, el presidente colombiano de derecha, Álvaro Uribe, ordenó a las fuerzas militares emplear medidas cada vez más violentas para erradicar el llamado “narcoterrorismo.” Las FARC y los grupos paramilitares de derecha siguieron el mismo camino.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que, a principios de la década de 2000, Santrich y su aliado Iván Márquez cultivaron hojas de coca en fincas ubicadas en Colombia y Venezuela. Los acusa de haber colaborado en el establecimiento de un campamento de las FARC para el procesamiento de cocaína en 2003, a cambio de un pago de 300.000 dólares proveniente de un asociado con vínculos con el “Cartel de los Soles,” un grupo criminal supuestamente integrado por altos funcionarios venezolanos y que Estados Unidos designó recientemente como organización terrorista. Diversos expertos han cuestionado las afirmaciones de Estados Unidos respecto al Cartel de los Soles, sugiriendo que estas podrían estar exageradas.
En 2012, el presidente colombiano Juan Manuel Santos comenzó a explorar la posibilidad de entablar conversaciones de paz con las FARC. El equipo negociador de las FARC incluía a Santrich y a Márquez, quienes adoptaron una postura de línea dura, abogando por una reducción gradual de su armamento en lugar de un desarme inmediato. Esta postura situó a Santrich y a Márquez en desacuerdo con otros negociadores de las FARC, quienes aún hoy siguen participando en la política convencional colombiana.
Santrich, en particular, se hizo célebre tanto por sus largos años de lucha armada como por su arrogancia, y fue una figura ampliamente detestada durante las negociaciones de paz. En una ocasión, un periodista le preguntó si las FARC rendirían cuentas ante sus víctimas; a modo de respuesta, Santrich entonó sarcásticamente en español: “Quizás, quizás, quizás.”
Seuxis Pausias Hernández, conocido por su seudónimo Jesús Santrich, en Bogotá, Colombia, el 18 de junio de 2019. Photo: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images.
La bendición
La DEA opera en Colombia con escasa supervisión. Los puestos en su oficina de Bogotá son muy codiciados, pero la labor de la agencia en ese país se ha visto empañada por acusaciones de corrupción. En 2015, varios agentes fueron acusados de asistir a “fiestas sexuales” financiadas por organizaciones de narcotráfico y de aceptar armas de grupos paramilitares. Y en 2021, un ex agente fue condenado por conspirar para blanquear dinero para un cártel colombiano.
El informante de la DEA que puso en la mira a Santrich es una figura escurridiza. Drop Site e Intercept Brasil no lograron determinar su verdadera identidad. Solo hay tres cosas seguras: se hacía llamar “Marco,” decía ser de México y había sido informante de la DEA desde 1996.
El primer contacto de Marco en Colombia fue Armando Gómez, un conocido empresario de Bogotá. En múltiples entrevistas, Gómez explicó cómo conoció a Marco a través de un contacto de negocios en 2017. Al principio, Marco se presentó como un acaudalado mexicano que buscaba socios comerciales en Sudamérica para vender y comerciar con artefactos precolombinos. Marco contrató a Gómez para que actuara como su facilitador en Colombia.
“Yo era un subordinado, contratado por Marco para que no lo fueran a engañar y que no tuviera problemas de seguridad,” relató Gómez. “Hoy día me he convencido que se trataba de un ‘encantador de serpientes,’ como dice el dicho.”
No fue sino hasta mediados de 2017, según cuenta Gómez, que Marco —a quien en los documentos judiciales estadounidenses se identifica únicamente como “Fuente Confidencial 1” — le confesó que era un agente del Cártel de Sinaloa que buscaba establecer contactos con miembros de las FARC para cerrar un acuerdo de tráfico de cocaína. Quería la ayuda de Gómez.
A lo largo de la operación, las acciones de Marco fueron dirigidas por funcionarios estadounidenses, según consta en un documento de la DEA presentado a las autoridades colombianas como parte de una solicitud de extradición de uno de los colombianos implicados en el negocio de la cocaína.
Gómez presentó a Marco a Fabio Simon Younes Arboleda, un empresario colombiano de 71 años. Younes Arboleda, a su vez, puso en contacto al informante encubierto de la DEA—Marco—con su contacto en las FARC: un personaje turbio llamado Marlon Marín, quien terminaría desempeñando un papel central en la operación. Aunque él mismo no era miembro de las FARC, Marín es sobrino de Márquez.
Durante su primer encuentro, Marco propuso comprar cocaína para venderla en Miami o Canadá, según un documento del gobierno estadounidense. Marín aseguró al informante que podía conseguir cocaína pura y de alta calidad.
Marín—una figura periférica que ya estaba bajo investigación en Colombia por intentar defraudar al Estado—trató de mostrarse rudo, exagerando la importancia de su vínculo con las FARC, tal como señala el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia. A medida que los hombres continuaban negociando, Marco insistió en reunirse con Santrich y Márquez.
En agosto de 2017, tras mucha insistencia, Marco y otro informante de la DEA lograron finalmente contactar con Santrich, intercambiando cortesías durante una breve llamada telefónica facilitada por Gómez. Santrich les dijo a los mexicanos que “se han logrado avances hacia horizontes positivos y favorables,” según consta en los registros del Departamento de Justicia.
A finales de septiembre, Marco y el otro informante de la DEA pagaron a Gómez, Younes Arboleda y Marín 8.000 dólares por la entrega de una muestra de cinco kilogramos de cocaína, con el fin de sellar su alianza. El 1 de noviembre de 2017, Marín envió a Gómez a recoger una mochila marrón que contenía los cinco kilos de droga, la cual debía recibir de uno de los contactos de Marín. El intercambio, realizado en un hotel de Bogotá, fue monitoreado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, según documentos a los que tuvo acceso el periodista colombiano Edinson Bolaños.
En la reunión que mantuvieron al día siguiente, Santrich aseguró a los mexicanos que “si algo salía mal con el negocio, las FARC asumirían la responsabilidad,” según indican los registros judiciales estadounidenses. Al finalizar el encuentro, Santrich realizó y firmó un boceto, acompañado de un mensaje: “Para Don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz.”
Rafael “Rafa” Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, figuraba como uno de los capos mexicanos más buscados por su presunto papel en el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena. (En aquel entonces, Quintero se encontraba prófugo de la justicia. Fue detenido por las autoridades mexicanas en 2017 y extraditado a Estados Unidos el año pasado. Al igual que Maduro, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de juicio). Posteriormente, Santrich declaró que él creía que Caro Quintero era un empresario mexicano interesado en apoyar el proceso de paz colombiano y los proyectos relacionados con este.
Marín también presentó a los informantes mexicanos de la DEA a Vincent Schifano, un empresario de Miami de 62 años que estaba licitando para un proyecto de oleoducto en Colombia. Schifano comunicó a los informantes que blanquearía sus millones de dólares procedentes de la cocaína a través del proyecto petrolero, añadiendo que llevaba “20 años blanqueando dinero: para los italianos, para los rusos y, ahora, para las FARC,” según consta en la declaración de un agente de la DEA incluida en los registros judiciales.
Marín y las fuentes de la DEA se reunieron nuevamente con Santrich en febrero de 2018. En un video de la reunión, difundido posteriormente por la Fiscalía General de Colombia, se ve a Santrich sentado en una mesa junto a Marín y una fuente de la DEA, cuyo rostro aparece pixelado. Tras examinar una captura de pantalla del video, —enviada por Drop Site e Intercept Brasil—, Gómez identificó al hombre que aparece en las imágenes como Marco. El otro informante de la DEA grabó la reunión en secreto, al parecer utilizando un vapeador u otro dispositivo para fumar, equipado con una cámara oculta.
“Ustedes mismos, estén atentos, para que no haya ninguna dificultad,” les dice Santrich a los informantes mexicanos de la DEA y a Marín. “Porque yo no puedo estar atento, yo estoy enredado aquí. Por eso les digo, [inaudible], seguros, los procedimientos y todo.”
Santrich hizo una pausa, mientras los hombres sentados a la mesa lo observaban fijamente, como si esperaran que añadiera algo más. “Mis disculpas que los atienda así, tan —”
“No, no, no, no,” interrumpe Marco. “Ese es el tema.”
Tras preguntarle a Marín sobre el cronograma para la entrega de la droga, se vuelve hacia Santrich. “¿Nos da la bendición, para echarle ganas a esto?”
“Bueno, está bien, muchachos,” suspira Santrich.
Un día después, Marco voló a Florida para reunirse con Schifano, el estadounidense que iba a blanquear el dinero para el grupo. Él y un agente encubierto entregaron a Schifano las llaves de un automóvil que llevaba en el maletero 5 millones de dólares en billetes falsos. Cuando Schifano se marchaba conduciendo, fue interceptado por la policía local, que incautó el vehículo y el dinero falso.
Fingiendo indignación por la pérdida del dinero, Marco insistió en reunirse nuevamente con Santrich y Márquez. Sin embargo, Santrich recibió un aviso sobre su inminente arresto, según informaron medios de prensa colombianos. “Tuvieron que trabajar con las escasas pruebas que tenían,” comentó Isacson de WOLA. “Tengo la impresión de que la DEA y sus socios colombianos intentaron construir un caso más sólido.”
El 4 de abril de 2018, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación formal sellada, en la que imputaba a Gómez, Younes Arboleda, Marín y Santrich con un cargo cada uno por conspiración para importar cocaína, y dos cargos adicionales por intento de importación de cocaína. Las autoridades colombianas detuvieron a Santrich en su domicilio, incautando sus teléfonos y computadoras.
Gómez, Younes Arboleda y Marín también fueron arrestados. Marín no tardó en volverse contra sus presuntos coconspiradores colombianos; culpó a Santrich, acusándolo de ser el cerebro de la operación. Asimismo, Marín alcanzó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y fue trasladado voluntariamente bajo custodia de agentes de la DEA, a territorio estadounidense. En la actualidad, Marín actúa como testigo colaborador del Departamento de Justicia, y todos los expedientes judiciales relacionados con su caso permanecen bajo secreto.
El comandante guerrillero Jesús Santrich (izquierda) llega al Palacio de las Convenciones en Habana, el 18 de noviembre de 2015, para participar en negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Photo: Yamil Lage/AFP via Getty Images.
El sacrificio de la paz
Los acuerdos de paz, ratificados por el Congreso colombiano en 2016, dieron lugar a la creación de dos instituciones: la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional, establecido para enjuiciar dichos crímenes.
“Es una institución vasta y compleja, que carga con una responsabilidad enorme”, comentó Michael Evans, analista sénior del National Security Archive y especialista que prestó sus servicios como consultor para la Comisión de la Verdad. “Estamos hablando de miles de personas que intentan conseguir algún atisbo de justicia para las víctimas.”
Como parte del acuerdo de paz, los exintegrantes de las FARC recibieron una garantía de “no extradición” por cualquier delito cometido antes de diciembre de 2016. Dado que la presunta conspiración de narcotráfico tuvo lugar en 2017, la extradición de Santrich era una posibilidad viable; sin embargo, se trataba de un asunto delicado y políticamente sensible, considerando su alto rango como exlíder guerrillero.
En la primavera de 2018, mientras la noticia del arresto de Santrich circulaba por toda Colombia, él y su equipo legal sabían que se avecinaba una solicitud de extradición.
Si llega una orden de extradición para un exintegrante de las FARC, la JEP es el tribunal responsable de revisar la cronología del presunto delito y decidir si dicha persona es extraditable. La JEP, anticipando también que Estados Unidos solicitaría la extradición de Santrich, comenzó de inmediato a intentar revisar pruebas, enviando numerosas solicitudes a la Fiscalía General de la Nación de Colombia y al gobierno estadounidense.
Los funcionarios estadounidenses y colombianos ignoraron las solicitudes de la JEP o se negaron a proporcionar las pruebas que esta requería, según una investigación interna de la JEP obtenida por Drop Site e Intercept Brasil, así como una denuncia penal posterior que la JEP presentó contra exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. La obstrucción continuó incluso después de que la solicitud de extradición llegara finalmente al gobierno colombiano en junio de 2018.
Kevin Whitaker, quien desempeñó como embajador de Estados Unidos en Colombia bajo las administraciones de Obama y Trump entre 2014 y 2019, afirmó que la principal preocupación de Washington era poner bajo su custodia a las personas que habían violado las leyes estadounidenses.
“La existencia, o inexistencia, de un acuerdo de paz en otro país no es un factor relevante,” declaró Whitaker en una entrevista para un pódcast en 2023.
“Esa ley de la JEP habría exigido que Estados Unidos proporcionara todas las pruebas relativas a personas solicitadas en extradición. Así no es como funciona la extradición,” añadió. “No podemos proporcionar esa información, ni lo haríamos.”
Sin embargo, la obstrucción por parte de Estados Unidos y Colombia enfureció a los funcionarios de la JEP. Según un informe especial de las Naciones Unidas, hasta noviembre de 2023, la JEP había decidido sobre 72 solicitudes de extradición. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación había compartido toda la información solicitada por la JEP.
Después de que la Corte Constitucional—la tribunal más alto de Colombia—fallara a favor de la JEP, la Fiscalía envió un USB que contenía grabaciones de 12 llamadas telefónicas, a pesar de que informes de la prensa colombiana sugerían que la Fiscalía General de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, poseían más de 24,000 grabaciones. Las 12 llamadas no guardaban relación alguna con el caso de Santrich, según la denuncia penal presentada por la JEP y un bufete de abogados internacionales al que la JEP encargó la investigación del caso.
En septiembre de 2018, la Fiscalía comunicó a la JEP que no podía aportar más pruebas, dado que las demás grabaciones provenían de un testigo confidencial de la DEA, y ya se encontraban en manos de las autoridades estadounidenses.
Meses después, en febrero de 2019, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia le envió una carta a la JEP, en la que afirmaba que compartir las pruebas era contrario a la práctica del gobierno estadounidense y que, en cualquier caso, dichas pruebas resultaban “innecesarias” para determinar si procedía la extradición de Santrich.
En mayo de 2019, la JEP dictaminó que Santrich no sería extraditado a los Estados Unidos y ordenó su puesta en libertad. Martínez, quien ejercía como fiscal general de Colombia en aquel momento, presentó su dimisión en señal de protesta**.**
Ese mismo año—según informaron medios colombianos—la DEA proporcionó información a la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos actos de corrupción dentro de la JEP. La información fue basada en un operativo encubierto, dirigido por un informante de la agencia contra funcionarios de dicha jurisdicción.
El informante de la DEA, haciéndose pasar por un operador de un cártel mexicano, intentó interferir en la revisión del caso de Santrich por parte de la JEP. El informante ofreció dinero a varios funcionarios de la institución, a cambio de impedir la extradición del exguerrillero. Al no lograr concertar una reunión con ningún magistrado de la JEP, el informante centró sus esfuerzos en un fiscal de la jurisdicción—y exsenador—Carlos Julián Bermeo. Bermeo fue declarado culpable de aceptar un soborno de 40,000 dólares; no obstante, la JEP aclaró que Bermeo no pertenecía a la sala encargada de revisar casos de extradición, incluido el caso de Santrich.
Una televisión en una panadería en Medellín, Colombia, transmitiendo un video de Iván Márquez y su colega, el guerrillero prófugo Jesús Santrich. Photo: Joaquin Sarmiento/AFP via Getty Images.
El regreso a las armas
Los trece meses dentro de una cárcel colombiana visiblemente afectaron a Santrich. Tenía la boca ligeramente entreabierta y la cabeza agachada, mientras los funcionarios lo sacaban de la cárcel en una silla de ruedas. Era el 17 de mayo de 2019 . Santrich, quien contaba entonces con 52 años de edad, había permanecido recluido en La Picota, una prisión de Bogotá trustemente célebre.
Sin embargo, justo cuando los medios de comunicación entraron al estacionamiento de la prisión para documentar la liberación del exlíder guerrillero, oficiales de la Fiscalía General se aproximaron portando una nueva orden de aprehensión. Ante la confusión de la prensa presente, los agentes procedieron a detener nuevamente a Santrich, introduciéndolo apresuradamente a un helicóptero.
Para justificar la nueva detención de Santrich, las autoridades señalaron a una “declaración de Marlon Marín,” en la cual este afirmaba que toda la conspiración para traficar los 10,000 kilogramos de cocaína había sido ideada por el propio Santrich. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia de Colombia intervino y ordenó la liberación del exlíder de las FARC, argumentando que su caso debía ser investigado por una oficina especial dentro de la propia Corte Suprema.
Tras su segunda liberación, Santrich denunció a los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, acusándolos de haberle tendido una trampa. Su camarada, Márquez, se solidarizó con él, afirmando en redes sociales que el gobierno colombiano había traicionado los acuerdos de paz y que había sido “un grave error” haber entregado las armas a un “Estado tramposo.” Si el gobierno colombiano no iba a respetar los acuerdos de paz, pensaba Santrich y Márquez, ellos tampoco lo harían. Ambos huyeron al campo en julio de 2019.
Un mes después, circuló en internet un video en el que aparecen Márquez, Santrich y sus camaradas, rodeados de pancartas, vestidos de uniformes de camuflaje militar, y portando armas de fuego. Mientras Márquez leía en voz alta un discurso escrito, Santrich estaba parado a su lado, luciendo un keffiyeh, lentes oscuros, y una boina negra. En el video, anunciaron que habían vuelto a tomar las armas, cerca de la frontera con Venezuela.
“Esta es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana,” leyó Márquez en voz alta. “Todo esto: la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo; el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte.”
Nombraron a su nuevo grupo disidente la “Segunda Marquetalia,” en referencia al territorio guerrillero establecido en la década de los 1950s durante la guerra civil.
La guerra contra el gobierno colombiano comenzaría de nuevo.
Otros exmiembros de las FARC asumieron que, si negociadores de alto rango como Santrich y Márquez habían sido blancos de persecución, lo mismo podía ocurrirles a ellos. Entre 2018 y 2021, durante y después del debacle de Santrich, 23 grupos disidentes y escisiones de las FARC volvieron a tomar las armas, según informó la Comisión de la Verdad.
Para mayo de 2022, los grupos disidentes de las FARC —que abandonaron el proceso de paz o que nunca se adhirieron a él— fueron responsables de poco más de la mitad de todos los homicidios y de las desapariciones forzadas en el país, según la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Un documento interno de inteligencia de dicha entidad describe las actividades de la Segunda Marquetalia, las cuales incluyen el tráfico de drogas y armas, secuestros, extorsión, el trato de personas, la minería ilegal y el reclutamiento de menores.
“Más allá de los funcionarios políticos de la administración Obama, existía un enorme grupo del Departamento de Estado —veteranos de la lucha antidrogas, y probablemente militares— que siempre se mostraron escépticos respecto a los acuerdos de paz,” afirmó Isacson de WOLA. “Ellos habrían preferido permanecer en el campo de batalla y combatir a estas personas, aunque ello implicaría prolongar la guerra otros 20 años.”
“Por lo tanto, si ese era su objetivo, no se trata de un ‘efecto boomerang’. Más bien, parece que consiguieron exactamente lo que querían.”
Un póster de recompensa por Jesús Santrich.
Una recompensa de 10 millones de dólares
En marzo de 2020, se hizo pública una acusación formal desde la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, nombrando a Santrich, Márquez y Maduro. En ella, se les acusaba de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, entre otros cargos. Maduro fue acusado de proteger a Santrich y a Márquez. Ese mismo verano, el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por la cabeza de Santrich.
Once meses después, llegó la hora de saldar cuentas. Un informante infiltrado en un campamento de la Segunda Marquetalia, en la selva sudamericana, traicionó a su líder.
El informante envió fotografías y la ubicación exacta de Santrich a sus contactos dentro del ejército colombiano, según reportajes colombianos. Pero le advirtió a los militares que, si querían matar a Santrich, el momento era ya: el líder guerrillero, de 53 años, se estaba despidiendo de sus camaradas antes de irse a otro campamento.
Los comandos militares colombianos rápidamente reunieron sus armas y explosivos. No está claro si Santrich se encontraba en territorio colombiano o venezolano; sin embargo, cuando su convoy abandonaba el campamento, los comandos sorprendieron a los guerrilleros. Una fuerte explosión desorientó al grupo rebelde, y una ráfaga de disparos comenzó a impactar el convoy de Santrich. Se desató un breve tiroteo, pero los guerrilleros no fueron rival para los comandos. Cuando cesaron los disparos, Santrich yacía muerto en el suelo.
Un soldado colombiano se acercó al cuerpo de Santrich y le tomó una fotografía. Luego se agachó y le cortó el dedo meñique de la mano izquierda al líder guerrillero. Los comandos partieron rápidamente hacia Bogotá, llevándose con ellos el dedo de Santrich.
El 1 de diciembre de 2021, una vez que las FARC se habían desmovilizado e incorporado a la política civil, la administración Biden quitó a las FARC de la lista estadounidense de organizaciones terroristas. Ese mismo día, la administración de Biden agregó a dos nuevos grupos colombianos: la Segunda Marquetalia y las FARC-EP, otra facción disidente de las FARC.
La Segunda Marquetalia controla varias rutas del narcotráfico a lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela y, con frecuencia combate contra otros grupos guerrilleros y paramilitares por el control territorial, según analistas del crimen organizado**.** La Segunda Marquetalia también fue acusada el año pasado de orquestar el asesinato de un senador colombiano de derecha.
Bajo el mandato del presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, el caso Santrich ha vuelto a cobrar relevancia. Antes de asumir la presidencia, en 2020, Petro denunció el operativo de la DEA y de la Fiscalía General como un “entrampamiento” que violó los acuerdos de paz. Apenas este año, reiteró dicha acusaión en las redes sociales.
En agosto de 2024, tres años después de que el ejército colombiano matara a Santrich, la ONU publicó un informe explicando cómo el caso de Santrich y el desprecio hacia los funcionarios de la JEP, habían obstaculizado la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En el operativo encubierto contra Santrich “se podría haber recurrido a la figura del ‘agente provocador’,” señala el informe de la ONU. Sin embargo, el informe se abstiene de nombrar al dicho “agente encubierto” o de vincularlo con la DEA y el Departamento de Justicia.
La investigadora especial que redactó el informe de la ONU, Antonia Urrejola, no respondió a varias solicitudes de participar en una entrevista.
El gobierno de Petro ha intentado entablar diálogos con diversos grupos criminales en el marco de su programa de “Paz Total.” Hasta la fecha, dichas conversaciones con grupos como la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han fracasado. Caracas sirvió como escenario para las negociaciones entre el gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia; pero las conversaciones han perdido impulso, debido a divisiones internas dentro del grupo rebelde.
En marzo, el gobierno de Petro anunció que, desde noviembre de 2024, no se han llevado a cabo nuevas negociaciones de paz con el grupo. “La Segunda Marquetalia nace del entrampamiento al proceso de paz,” afirmó Petro “mediante una operación de falsa bandera con agentes de la DEA.”
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