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El panorama que se configura en Ecuador bajo el Gobierno de Daniel Noboa es el de un autoritarismo que avanza en varios frentes simultáneos paraconsolidar el neoliberalismo y la sumisión total a la agenda internacional estadounidense. No se trata de medidas aisladas, sino de una estrategia articulada que combina la precarización laboral, el desmantelamiento del Estado social, la apertura irrestricta a la explotación minera, la continuidad de la explotación petrolera sin consideraciones ambientales, la centralización del poder mediante el asfixiamiento financiero de los gobiernos locales, y la criminalización sistemática de toda forma de oposición y organización popular.
Crisis de seguridad y abandono de lo público
Noboa perdió contundentemente las cuatro preguntas de la consulta popular de noviembre de 2025: no habrá Asamblea Constituyente, no se instalarán bases militares extranjeras – al menos oficialmente, en la práctica varios acuerdos secretos con los Estados Unidos permiten la presencia de personal de seguridad de ese país en suelo ecuatoriano; los partidos políticos seguirán recibiendo fondos públicos; y no se reducirá el número de asambleístas. Caída la fachada democrática, el Gobierno busca imponer por otras vías – reducción del gasto público, reformas legales, decretos y acuerdos ministeriales, pero también militarización – la agenda que perdió en las urnas.
Desde que llegó al poder en 2023 Noboa reduce el gasto del Estado, dos ejemplos de los efectos actuales: pacientesmueren en hospitales públicos donde no pueden recibir diálisis, porque estos cuentan apenas con el30% de los insumos requeridos, el presupuesto de las universidades se redujo 128 millones de dólares, un 12,7%. La salud y la educación públicas, indispensables para una sociedad mínimamente democrática, son desmanteladas de manera sistemática.
El año 2025 fue el más violento desde que existen estadísticas:51 homicidios por cada 100.000 habitantes,seis ciudades del litoral entre las 10 más peligrosas del mundo y 183personas asesinadas en cárceles, desde 2021 ya suman 500. Ecuador, que era uno de los países más seguros de la región hasta 2017, es hoy uno de losmás peligrosos no solo de Latinoamérica, sino del mundo. La crisis económica que se arrastra desde la pandemia, la reducción del gasto público y la connivencia con el narcotráfico explican estas cifras.
Precarización laboral
El 19 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial que establece jornadas laborales de 12 horas. Esta medida representa un retroceso histórico en materia de derechos de lxs trabajadorxs y continúa la serie de medidas de precarización determinadas en los acuerdos firmados con el FMI, favoreciendo los intereses del capital sobre el bienestar de lxs trabajadorxs.
Desfinanciamiento de los gobiernos locales
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en algunos casos único resguardo de políticas públicas orientadas a la población y no al capital, serán golpeados por una ley recién aprobada que les obliga a destinarun mínimo del 70% de su presupuesto a infraestructura. Suena bien pero es una trampa: busca obligarlos a dejar de invertir en educación, cultura y otros programas sociales, y a despedir personal. El proyecto impone un control del Gobierno central sobre los GAD, vulnerando su autonomía y contradiciendo el principio de descentralización. Si incumplen, una sanciónreduce sus transferencias al mínimo constitucional, lo que paralizaría su funcionamiento. Además hay un cinismo evidente en este campo: la Asociación de Municipalidades del Ecuador hadenunciado que el propio Gobierno central adeuda 543 millones de dólares a los GAD, asfixiando sus finanzas.
Extractivismo sin controles ambientales
Noboa logró aprobar también, con carácter de económico urgente, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Entre sus disposiciones más peligrosas: la licencia ambiental será reemplazada por una simple “autorización ambiental”, se legaliza el resguardo militar privado en proyectos mineros, se elimina la consulta previa a pueblos indígenas, se permite la fragmentación de concesiones mineras y la minería en las Islas Galápagos, reserva natural supuestamente protegida. Complementada con el Decreto Ejecutivo 273 de diciembre de 2025, esta ley prepara la reapertura del Catastro Minero y la expansión masiva de concesiones sin regulación ambiental ni respeto a los derechos de las poblaciones afectadas. Noboa y su familia tienenvínculos con empresas mineras que ya han recibido licencias o están en proceso de obtenerlas.
Criminalización de la política y la organización popular
La persecución judicial es herramienta sistemática del régimen. En la consulta popular de 2023 la ciudadanía votó dejar de explotar petróleo en el Yasuní ITT, pero el Gobierno no ha hecho nada para cumplir ese mandato; la respuesta a los reclamos ecologistas ha sido represión ylawfare. Los ataques contra la Revolución Ciudadana (correísmo) que comenzaron en 2018 no cesan. El 4 de febrero de 2026allanaron los domicilios de cuatro líderes del movimiento por un supuesto caso de corrupción. Intentaron revocar el mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a quien le montaron un caso falso de corrupción, y encarcelaron con otrocaso forjado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Hervas, ambos de Revolución Ciudadana.
La represión golpea también al movimiento indígena. Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y actual presidente de Ecuarunari (organización de los pueblos indígenas de la Sierra), enfrenta múltiples investigaciones y denuncia vigilancia policial encubierta. Nayra Chalán, exvicepresidenta de Ecuarunari, y el Pueblo Kitu Karadenunciaron la desactivación de sus cuentas bancarias. Durante el Paro Nacional de 2025, las cuentas de 21 organizaciones sociales fueronbloqueadas sin orden judicial. Se les han abierto procesos sin base por financiamiento al terrorismo y enriquecimiento ilícito, usando una narrativa de narcoterrorismo similar al de Trump, que sin prueba algunaejecutó extrajudicialmente a más de 80 personas en botes en el Caribe.
Corrupción en el entorno presidencial
Mientras criminaliza a la oposición, el entorno de Noboa está salpicado de escándalos. Seis personas están procesadas tras hallarse 2,6 toneladas de cocaína en un contenedor de Blasti S.A., empresavinculada con el círculo presidencial. Este caso, uno devarios, pone en evidencia la estrategia de un Gobierno que persigue judicialmente a líderes sociales y opositorxs políticxs mientras coexiste conredes de narcotráfico en su órbita más cercana, así como convarioscasos decorrupción.
Sumisión al imperialismo estadounidense
En el momento que se publican estas líneas, el Gobierno de Noboa acaba de expulsar del Ecuador al embajador y todos los diplomáticos de Cuba, declarándolos persona non grata y dándoles 48 horas para salir del país. ¿El motivo? Nada más que obediencia a órdenes de la administración Trump y su guerra híbrida ilegal contra Cuba. A la par, el Comando Sur de EEUU dijo en X que fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses “lanzaron operaciones contra organizaciones designadas terroristas” sentando un ejemplo de cooperación para la región en el combate al narcoterrorismo. Este concepto es la misma etiqueta que Noboa usa contra todos los movimientos sociales que se oponen a sus políticas.
La analogía con el trumpismo no es retórica: al igual que su referente estadounidense, Noboa gobierna para el capital, buscando la destrucción de lo público y la reducción del Estado a su mínima expresión, utilizando la militarización y la violencia política como instrumentos para lograrlo, y sometido absolutamente a los dictados estadounidenses. La diferencia es el contexto: en Ecuador este modelo se aplica sobre una sociedad ya golpeada por la violencia, la pobreza, la precarización y la carencia de servicios básicos, lo que multiplica su capacidad de daño. Frenar estas embestidas es una condición necesaria para la supervivencia del Ecuador como una democracia.
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